Son menos corruptas las mujeres?

Ana Linda Solano nos advierte sobre los riesgos en materia de corrupción y género en la era del posconflicto en Colombia

Por allá en el 2014, una mujer fue la creadora de la Policía Económica y Financiera de la Fiscalía General de Colombia, que tiene como misión investigar los delitos más sofisticados como lavado de activos y estafas trasnacionales, desafortunadamente, temas de alta resonancia en América Latina.

Ana Linda Solano es una mujer que rompe todos los moldes. Esta joven jurista es una de las voces más autorizadas sobre delitos financieros y modelos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado. En los últimos meses, Ana ha sido invitada en importantes foros internacionales para compartir su visión sobre la importancia de las mujeres en el fortalecimiento de la transparencia, institucionalidad y anti-corrupción en la región.

Son pocos los estudios que analizan de manera diferenciada como participan hombres y mujeres en fenómenos como este. Pero lo que sí es claro para Ana Linda y su análisis “Mujer y Posconflicto, una reflexión a partir de los riesgos por corrupción”, es que esta afecta en mayor medida y en múltiples formas a las mujeres, sobretodo cuando la falta de dinero para intercambiar los servicios públicos que no proveen los estados, se “sexualizan”, es decir, se usa “la extorsión sexual como forma de pago para acceder a servicios de salud, justicia y educación, entre otros”.

La experta advierte que el desconocimiento de los derechos que tienen las mujeres las hace más vulnerables a la coerción, violencia o amenaza que vienen detrás de los actos de corrupción. En palabras de Ana Linda:  “(…) los estudios demuestran que las mujeres deben pagar para acceder a servicios de salud para ellas y los miembros de su familia; se extorsiona sexualmente a niñas por un cupo en el colegio o tener los libros y útiles escolares; se le crean barreras en el sistema de justicia para proteger sus derechos en materia de violencias, custodia infantil, tráfico humano, derechos de propiedad e independencia financiera; cuando para crear una empresa, debe costear la corrupción para acceder a los tramites o es víctima de “impuestos” adicionales. Todo esto son riesgos que pueden reforzar la marginalización social y económica de la mujer y que deben ser contemplados en el diseño de la política pública del postconflicto”.

Aumentar la participación de las mujeres en los espacios de poder parece ser una de las medidas de anticorrupción más potentes, pero esto no significa que las mujeres sean inmunes  a cometer actos de corrupción. Lo clave aquí es que se necesitan acciones afirmativas que aumenten la representación cualitativa de las mujeres para transformar las viejas estructuras jerárquicas de poder y permitir que la transparencia sea el elemento principal de las democracias latino americanas.

Para Ana Linda, “la corrupción crea oportunidades para el crimen organizado que intensifican la violencia contra la mujer y le impiden, entre otros, la participación política”. Un buen punto de partida, es generar más instrumentos de medición y análisis diferenciado de género sobre los impactos de la corrupción.